La Cámara de Apelación en lo Penal rechazó un planteo de inconstitucionalidad de la Ley 27.801 en una causa por robo calificado con uso de arma, en la que están involucrados dos adolescentes de 14 y 15 años.
La Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario confirmó una resolución que avala la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil a adolescentes desde los 14 años, al rechazar los planteos de inconstitucionalidad contra la Ley 27.801.
El fallo se dictó en el marco de una causa por robo calificado con uso de arma en la que intervienen dos jóvenes de 14 y 15 años. La defensa había cuestionado la reforma al considerar que reduce el nivel de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en comparación con el régimen anterior, que establecía en 16 años la edad mínima de responsabilidad penal.
Entre sus argumentos, los defensores señalaron que la modificación vulnera los principios de progresividad y no regresividad de los derechos y contradice recomendaciones internacionales que desaconsejan reducir edades mínimas de responsabilidad penal previamente establecidas.
Sin embargo, el tribunal entendió que esos planteos no eran suficientes para declarar la inconstitucionalidad de la norma. En su resolución, recordó que esa medida es excepcional y requiere demostrar una contradicción manifiesta e insalvable con disposiciones de jerarquía superior.
Los argumentos de la Cámara
Entre los fundamentos del fallo, los jueces señalaron que la Convención sobre los Derechos del Niño exige establecer una edad mínima de responsabilidad penal, pero no determina un límite numérico específico.
También analizaron la Observación General 24 del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que recomienda fijar esa edad en al menos 14 años, aunque desaconseja que los países que ya establecieron un umbral superior lo reduzcan.
Para la Cámara, esa recomendación constituye una referencia relevante para interpretar las normas internacionales, pero no representa una prohibición absoluta que impida al Congreso establecer la edad mínima en 14 años.
El tribunal distinguió, además, entre las discusiones sobre la conveniencia de una política criminal y el análisis de su constitucionalidad. En ese sentido, sostuvo que una reforma puede generar controversias respecto de su eficacia o pertinencia sin que eso implique necesariamente que contradiga la Constitución o los tratados internacionales.
Una respuesta diferenciada para los adolescentes
La resolución también abordó los cuestionamientos relacionados con la madurez y las características propias de la adolescencia. Los jueces reconocieron que la respuesta estatal debe ser diferenciada, proporcional y orientada a objetivos socioeducativos.
En esa línea, señalaron que la edad debe tenerse en cuenta al definir la intensidad de las medidas, la excepcionalidad de la privación de libertad y las condiciones en las que se ejecutan las intervenciones judiciales.
En el caso analizado, se valoró que el juez de primera instancia dispusiera medidas de supervisión, continuidad de intervenciones interdisciplinarias y estrategias de acompañamiento socioeducativo y familiar.
La Cámara también citó un antecedente de la Justicia porteña de septiembre de 2026, que había revocado una declaración de inconstitucionalidad de la misma norma en una causa que involucraba a un adolescente de 14 años.
Finalmente, el tribunal rechazó los planteos de inconstitucionalidad, inconvencionalidad e inaplicabilidad de la Ley 27.801 y confirmó la resolución apelada.
El pronunciamiento se suma al debate judicial sobre el alcance del nuevo Régimen Penal Juvenil y la aplicación de sus disposiciones a adolescentes de 14 y 15 años.
