El procedimiento se realizó en French al 2000 y estuvo a cargo de la Provincia, el MPA y la Policía de Investigaciones. Ya son 152 los inmuebles derribados en Santa Fe desde el inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro.
El Gobierno de Santa Fe, junto con fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), supervisó este jueves el derribo de dos búnkers utilizados para la venta de drogas en French al 2000, en Rosario, que estarían vinculados a una organización relacionada con el denominado Clan Riquelme.
Con estas intervenciones, ya son 92 los búnkers derribados en Rosario y 152 en toda la provincia desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.
El operativo se realizó en el marco de la Ley de Microtráfico, vigente desde 2024, que permite avanzar sobre puntos de venta de estupefacientes y propiedades vinculadas con hechos de violencia altamente lesiva. El trabajo involucra al Gobierno provincial, el MPA, la Justicia provincial y la Policía de Santa Fe, con colaboración de fuerzas federales y municipios.
El secretario de Seguridad, Omar Pereira, destacó el trabajo de la Policía de Investigaciones y señaló que los inmuebles intervenidos eran considerados “centros de violencia” dentro del barrio.
Según explicó la fiscal Mercedes Banchio, la investigación determinó que los involucrados habrían conformado una estructura dedicada a la comercialización organizada de estupefacientes y vinculada con distintos episodios de violencia por disputas territoriales.
La pesquisa apunta a una presunta asociación integrada por Francisco Riquelme, actualmente detenido, su hijo Ezequiel y otras personas. De acuerdo con la acusación, la organización habría buscado sostener distintos puntos de venta de drogas en la zona.
La fiscal Marina Vigo indicó que la causa se inició a partir de un homicidio y que posteriormente se extendió a tres homicidios, una tentativa de homicidio y otros hechos de violencia, entre ellos usurpaciones y amenazas calificadas que tendrían como finalidad obtener viviendas para la venta de estupefacientes.
Además, Ezequiel Riquelme fue imputado como presunto organizador territorial de la estructura. La investigación también alcanzó a un abogado de Buenos Aires, señalado como supuesto nexo entre Francisco Riquelme, detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, su hijo y otros integrantes de la organización.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, el abogado habría intervenido en la triangulación de comunicaciones y transmisión de órdenes desde el penal hacia el territorio.
En total, más de 15 personas fueron imputadas en el marco de la investigación, según confirmó el fiscal Diego Giro.
