Las consultas y denuncias vinculadas al alquiler de viviendas ante la Oficina Municipal del Consumidor crecieron un 20% interanual en Rosario. El incremento de los reclamos está directamente relacionado con la suba de los alquileres por encima de los salarios, la acumulación de expensas e impuestos a cargo del inquilino y la aplicación de intereses por mora que, en muchos casos, resultan desmedidos. El problema ya no afecta solo a quienes alquilan, sino también a sus garantes.
La advertencia fue realizada por Ariel D’Orazio, subdirector general de la Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios, quien explicó que durante el último trimestre de 2025 las presentaciones vinculadas a alquileres se incrementaron un 20% respecto del mismo período del año anterior. “Estamos frente a un escenario económico muy complejo. Los ingresos no alcanzan y los alquileres suben muy por encima del salario, lo que genera atrasos que se extienden a expensas e impuestos que hoy recaen sobre el inquilino, como el API”, señaló.
Contratos más cortos y ajustes más frecuentes
Según D’Orazio, tras la derogación de la Ley de Alquileres, la mayoría de los contratos trasladan casi todas las obligaciones económicas al inquilino y acortaron los plazos de actualización. “Antes los ajustes eran anuales o semestrales. Hoy predominan aumentos trimestrales o cada cuatro meses, indexados por IPC o ICL. Esa combinación hace muy difícil sostener un contrato en el tiempo”, explicó.
Como consecuencia, crecen las consultas por rescisión anticipada. “Vemos muchos casos de personas que eligen irse antes de endeudarse. Hace poco atendimos a un inquilino cuyo alquiler pasó a 500 mil pesos, mientras su ingreso era de un millón. Directamente no le cerraban los números”, ejemplificó.
Intereses que disparan las deudas
Uno de los aspectos más críticos detectados por la Oficina del Consumidor es el nivel de los intereses aplicados por mora. En algunos casos superan el 0,5% diario, lo que equivale a un 15% mensual y cerca de un 180% anual. “Hoy una entidad financiera puede cobrar alrededor de un 60% anual para financiar expensas. Sin embargo, hay propietarios o inmobiliarias que aplican tasas que triplican ese valor. Así, la deuda se vuelve impagable y, cuando interviene un abogado, se suman honorarios que agravan aún más la situación”, advirtió D’Orazio.
El nivel de morosidad es tal que incluso comenzaron a aparecer líneas de crédito específicas para cubrir expensas, como la del Banco Ciudad de Buenos Aires, que permite financiar hasta tres meses de atraso, una señal clara de la magnitud del problema.
Garantes bajo presión
Otro fenómeno que va en aumento es la cantidad de garantes que buscan asesoramiento ante deudas que no contrajeron directamente. “Cuando el garante recibe una notificación, llega desesperado tratando de evitar que el conflicto llegue a la Justicia y derive en embargos sobre bienes o salarios. Nuestra intervención apunta a encontrar acuerdos antes de esa instancia”, explicó el funcionario.
Un caso reciente ilustra la gravedad del escenario: un departamento de un dormitorio, fuera de los bulevares, con un alquiler de 400 mil pesos, acumuló en apenas cuatro meses una deuda cercana a los 3 millones de pesos. El monto incluía alquileres impagos, expensas, impuestos, intereses y honorarios legales. La inquilina había perdido su trabajo formal y subsistía con changas, mientras que la garante, empleada fabril, temía un embargo sobre su sueldo.
“Estamos hablando de familias de clase media y media baja. En este caso, la inquilina terminó regresando a la casa de su madre. Son situaciones que reflejan una crisis muy profunda”, subrayó D’Orazio. Para el funcionario, el contexto actual recuerda a otros momentos críticos del país. “Esto era muy frecuente a fines de los 90 y en la salida de la crisis de 2001. En 2018 no se vio con tanta intensidad como ahora”, comparó.
Finalmente, recordó que si bien hoy es menos habitual la informalidad extrema en las garantías, surgieron nuevos problemas vinculados a los seguros de caución y a los intereses excesivos que aplican algunas inmobiliarias. “Incluso en contratos comerciales detectamos intereses del 1% diario. Es algo completamente desproporcionado”, concluyó.
