La regulación de la actividad de los cuidacoches en Santa Fe avanzó este jueves con la aprobación de un proyecto modificado por parte de la Cámara de Diputados. Como la iniciativa introduce cambios respecto de la media sanción obtenida previamente en el Senado, el expediente deberá regresar a la Cámara alta para su tratamiento definitivo.
La votación dejó en evidencia las diferencias políticas en torno al tema. El proyecto fue respaldado por el interbloque oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe, que reunió 25 votos afirmativos, mientras que 17 legisladores votaron en contra y hubo una abstención.
Uno de los cambios centrales respecto de la propuesta original es que ya no se establece una prohibición total de la actividad. En cambio, las sanciones estarán vinculadas a los casos en que los cuidacoches actúen sin autorización estatal y en zonas donde exista una prohibición determinada por las autoridades municipales.
De esta manera, la regulación y el control del espacio público quedarán bajo la órbita de los gobiernos locales, quienes tendrán la facultad de definir las áreas alcanzadas por las restricciones.
Impacto en Rosario
La discusión tiene especial relevancia para Rosario, donde el intendente Pablo Javkin se manifestó en reiteradas oportunidades a favor de contar con una ley provincial que permita combatir las situaciones de extorsión vinculadas al cobro informal en la vía pública.
No obstante, el mandatario local también planteó que cualquier medida sancionatoria debe estar acompañada por políticas de contención social destinadas a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Ese planteo coincidió con la postura expresada recientemente por la Pastoral Social de Rosario, que solicitó a los legisladores diferenciar a los trabajadores informales de las organizaciones que utilizan la actividad como mecanismo de extorsión.
Sanciones y programas de inclusión
La nueva redacción incorpora el artículo 66 bis al Código de Convivencia provincial. Allí se establece una prohibición de concurrencia de hasta 60 días para quienes exijan pagos de manera intimidatoria por el cuidado o lavado de vehículos.
La sanción podrá extenderse entre 60 y 120 días cuando la actividad se realice en zonas de estacionamiento medido o en las inmediaciones de espectáculos y eventos masivos. Además, el texto contempla la posibilidad de reemplazar estas medidas por trabajos comunitarios.
Por otra parte, la iniciativa crea una figura específica para sancionar a quienes organicen o coordinen estas actividades ilegales. En esos casos se prevé hasta diez días de arresto y restricciones de acercamiento a los lugares donde operen por un plazo de hasta 240 días.
En paralelo, el proyecto incorpora una dimensión social que obliga al Gobierno provincial y a los municipios a desarrollar programas de inclusión para las personas alcanzadas por la normativa. Las acciones deberán contemplar capacitación en oficios, intermediación laboral y asistencia vinculada a la salud mental y los consumos problemáticos.
Con las modificaciones aprobadas por Diputados, la iniciativa deberá volver al Senado para definir su redacción final antes de convertirse en ley.
