La provincia de Santa Fe volvió a marcar distancia con el gobierno nacional por la situación del sistema sanitario, especialmente por la disminución en la llegada de medicamentos y vacunas. La ministra de Salud, Silvia Ciancio, expresó fuertes críticas y advirtió sobre el impacto que estas decisiones tienen en la atención de los pacientes.
El planteo quedó expuesto durante el último encuentro del Consejo Federal de Salud (Cofesa), encabezado por el ministro nacional Mario Lugones. Allí, la funcionaria santafesina cuestionó la falta de planificación y señaló que la reducción de insumos obliga a la provincia a cubrir con recursos propios lo que antes garantizaba Nación.
Uno de los puntos más sensibles es el recorte en el programa Remediar, que desde hace más de dos décadas distribuye fármacos esenciales en centros de salud de todo el país. Según explicó Ciancio, los envíos se redujeron de manera significativa, pasando de incluir una amplia variedad de tratamientos habituales a contener apenas unos pocos productos, lo que compromete la cobertura de las consultas más frecuentes.
Ante este panorama, el gobierno provincial decidió reforzar su inversión: ya destinó miles de millones de pesos para la compra de medicamentos y lanzó nuevas licitaciones para garantizar el abastecimiento durante los próximos meses.
A la par, la provisión de vacunas también presenta dificultades. Como la compra y distribución dependen exclusivamente del Estado nacional, Santa Fe enfrenta faltantes en distintas dosis del calendario. Un caso concreto fue la campaña antigripal, donde la entrega limitada obligó a priorizar a los mayores de 65 años.
La situación también alcanza a tratamientos complejos, como las drogas oncológicas y terapias de alto costo. Desde la provincia señalaron que aumentaron los rechazos por parte de Nación en pedidos de cobertura, lo que generó un fuerte impacto económico local para sostener esos tratamientos.
Finalmente, Ciancio cuestionó la falta de diálogo con el gobierno central y advirtió que esta dinámica profundiza las desigualdades entre provincias, dejando a cada jurisdicción con la responsabilidad de resolver por su cuenta el acceso a la salud.
